El pasado 12 de noviembre, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, que introduce importantes novedades destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, proteger a los arrendatarios y ampliar la oferta de inmuebles asequibles.
La norma, en vigor desde el 8 de octubre de 2026, contempla modificaciones en materia de arrendamientos, desahucios, compraventa de inmuebles y tributación, además de nuevas medidas de financiación.
Principales novedades en materia de vivienda
1. Mayor protección para los inquilinos
Se amplían determinadas medidas de protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, con posibilidad de suspensión hasta el 31 de diciembre de 2030, siempre que concurran los requisitos legales.
También se introduce una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de alquiler de vivienda habitual, a solicitud del inquilino y siempre que se encuentre al corriente de sus obligaciones de pago.
En cuanto a las actualizaciones de renta, se establecen limitaciones vinculadas a los índices de referencia aplicables y, en ausencia de acuerdo, un incremento máximo del 2% en los supuestos previstos.
2. Nuevas reglas para los alquileres temporales y por habitaciones
Se refuerza el control sobre los contratos de temporada, exigiendo que respondan a una necesidad temporal real y acreditable.
Con carácter general, su duración deberá superar los 31 días y no exceder de 12 meses, salvo que se justifique la continuidad de la causa temporal.
Asimismo, se establecen límites para evitar que el alquiler por habitaciones permita obtener rentas superiores a las correspondientes al arrendamiento de la vivienda completa.
3. Limitaciones a determinadas operaciones inmobiliarias
Hasta finales de 2030 se restringen determinadas adquisiciones de viviendas por debajo del 70% de su valor de mercado cuando intervengan grandes tenedores o entidades dedicadas a determinadas operaciones inmobiliarias, con las excepciones legalmente previstas.
Importantes modificaciones fiscales
La nueva regulación también incorpora incentivos y modificaciones tributarias que afectan tanto a propietarios como a arrendatarios e inversores.
Entre las medidas más destacadas encontramos:
- IRPF: nuevas reducciones del rendimiento neto del alquiler, que pueden alcanzar el 100% en determinados supuestos, así como una deducción estatal por alquiler de vivienda habitual para contribuyentes que cumplan los requisitos económicos establecidos.
- Viviendas vacías: incentivos fiscales para favorecer su incorporación al parque de vivienda social o asequible.
- IVA: modificaciones de los tipos aplicables a determinados arrendamientos de corta duración, obras de rehabilitación y viviendas protegidas.
- IBI: posibilidad de establecer recargos adicionales sobre determinadas viviendas destinadas al alojamiento turístico en zonas tensionadas.
- SOCIMI: establecimiento de un gravamen especial sobre determinados beneficios no distribuidos procedentes del alquiler residencial.
- Imputación de rentas inmobiliarias: nueva escala de porcentajes prevista a partir de 2027.
La aplicación de estos beneficios y obligaciones dependerá de las condiciones específicas de cada operación y de las fechas de entrada en vigor de cada medida.
Nuevas ayudas para acceder a la vivienda
La norma también contempla mecanismos de financiación para facilitar la adquisición de la primera vivienda habitual, incluyendo préstamos complementarios de hasta 50.000 euros, sin intereses ni comisiones, cuyo acceso quedará condicionado al correspondiente desarrollo normativo.
Paralelamente, se impulsan nuevas líneas de avales y financiación para aumentar el parque de viviendas destinadas al alquiler social y asequible.
Una norma convalidada, pero ¿definitiva?
Conviene destacar que, aunque el Real Decreto-ley ha sido convalidado por el Congreso, ello no significa que su contenido sea inamovible ni que quede excluido de un eventual control de constitucionalidad.
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno aprobar reales decretos-leyes únicamente cuando concurra una situación de extraordinaria y urgente necesidad.
La utilización de este instrumento para introducir reformas amplias y estructurales puede suscitar dudas sobre el cumplimiento de dichos requisitos y sobre los límites constitucionales de esta forma de legislar.
De hecho, una regulación anterior sobre esta misma materia, el Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, fue derogada por el Congreso el pasado 2 de octubre.
Por tanto, no puede descartarse que algunas de estas medidas sean modificadas o derogadas en el futuro, o que su constitucionalidad llegue a cuestionarse ante el Tribunal Constitucional.
Mientras tanto, la norma se encuentra vigente y debe aplicarse en los términos legalmente establecidos.
Desde Consulting 21 recomendamos analizar individualmente cada operación inmobiliaria o contrato de arrendamiento antes de adoptar decisiones basadas en las nuevas ventajas fiscales o modificaciones legales, prestando especial atención a posibles cambios normativos.
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