Autor: Joaquín Huelin Martínez de Velasco, socio de Cuatrecasas y antiguo magistrado del Tribunal
Supremo Fuente: Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE)
Partiendo de una sesión de formación celebrada en FCC, el autor lanza una pregunta incómoda: ¿hemos retrocedido en la protección de los contribuyentes? Recuerda que en 1998 existió una Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes que, a su juicio, quedó pronto diluida por la Ley General Tributaria de 2003, interpretada con frecuencia de forma restrictiva. Hoy, ante esa preocupación, se reclama un nuevo Estatuto del Contribuyente y un Observatorio que vele por sus garantías.
El núcleo del artículo es el impacto de la transformación digital. La Administración tributaria es probablemente la institución pública que más información personal y patrimonial maneja, y la asimetría se ha invertido: antes era Hacienda quien desconocía la realidad económica del ciudadano; ahora es el ciudadano quien ignora qué sabe Hacienda de él, de dónde sale esa información y cómo se utiliza. La AEAT ya no espera a recibir declaraciones, sino que recibe flujos continuos de datos —nacionales e internacionales— que le permiten construir un perfil fiscal completo de cada contribuyente.
El punto más delicado es el uso de algoritmos e inteligencia artificial para tomar decisiones que afectan directamente a los ciudadanos: quién es objeto de una inspección, qué operaciones se consideran sospechosas, cuál es el valor de un inmueble o si una devolución se paga o se retiene. El problema jurídico es serio. Si la ley exige que los elementos esenciales de un impuesto se fijen por norma, ¿qué ocurre cuando un algoritmo opaco determina en la práctica cuánto se debe pagar? El derecho a una resolución motivada y el derecho a la defensa se vacían de contenido cuando ni los propios funcionarios entienden cómo funciona el sistema.
El autor propone una doble respuesta: releer los derechos fundamentales clásicos (intimidad, protección de datos, legalidad, tutela judicial) a la luz de la tecnología, y reconocer nuevos derechos digitales, como la transparencia algorítmica, el derecho a una explicación comprensible de las decisiones automatizadas y el derecho a una intervención humana real en los procedimientos.
Cierra con una idea de equilibrio: la digitalización es positiva e irreversible, pero la eficiencia administrativa no puede prevalecer sobre los derechos fundamentales. El reto no es elegir entre tecnología y garantías, sino lograr que convivan.
En Consulting 21 sabemos que cada empresa y persona es distinta y que no siempre es fácil tomar decisiones en materia fiscal, contable, laboral o jurídica. Por eso, contamos con un equipo multidisciplinar preparado para acompañarte y ayudarte a encontrar la mejor solución en cada momento.
Contacta con nosotros y lo vemos juntos.