GRAGEA O PÍLDORA TRES
Aceptada por la sociedad civil en su conjunto y refrendado por la opinión científica mayoritaria (aunque existan abundantes voces críticas y negacionistas), el cambio climático se ha convertido en un asunto de urgencia mundial, al cual se dedican actuaciones de todo tipo desde legislativas hasta tecnológicas, pasando por movilizaciones y manifestaciones de toda índole.
Asimismo, problemas ecológicos de carácter más local (pero recuerda, “piensa universalmente, actúa localmente”) desde una riada en una población hasta la contaminación acústica de la discoteca del local de debajo de nuestro hogar, pasando por la inmisión de los humos de una fábrica que sufren nuestras narices, son objeto de reacciones sociales generalizadas, preocupaciones compartidas y demandas de actuaciones inmediatas a los poderes políticos de turno.
Entre las herramientas que el ingenio humano ha diseñado para hacer frente a los problemas medioambientales se encuentran los denominados “instrumentos económicos de acción ambiental”, caracterizados porque, considerando el daño económico como algo evaluable y no solo cuantificable si no caracterizado, en la inmensa mayoría de los casos, por sus deseconomías de escala y efectos negativos externos, se propugna actuar sobre la actividad humana causante del daño, haciéndola compensar el mismo o convirtiéndola en algo tan costoso, que renuncie a ejecutarla.
El principio ecológico básico de “quien contamina, paga” sustenta esa acción económica sobre el causante del daño y, lógicamente, los impuestos se convierten en un instrumento económico fundamental para que paguen los sujetos pasivos responsables del daño medioambiental.
El problema es que un tributo verde, medioambiental o ecológico (el simple hecho de que se utilicen varias denominaciones para un idéntico instrumento, ya nos debería hacer sospechar que no es fácil definirlo en puridad) no es sencillo de establecer, empezando porque no es cualquier cosa; así, afirmar que los ingresos tributarios obtenidos se van a destinar a Políticas Medioambientales, no asegura ni cambia la naturaleza del impuesto generador de tales recursos y permite, sin embargo, al político de turno, como en los juegos de magia, realizar el truco de vendernos como “verde” algo que puede no serlo, simplemente, prometiéndonos que con lo recaudado se realizarán múltiples actuaciones “ecológicas” y siendo así que el destino del gasto es mucho más arduo de controlar.
Eso ha pasado, y sucede, en España, donde hay proliferado gravámenes de múltiple pelaje: sobre actividades y estancias turísticas, sobre combustibles variados, sobre electricidad, etc., los cuales tratan de venderse como medioambientales, cuando solo puede recibir esa medalla aquella exacción que recae sobre el daño ambiental.
Por lo tanto, atención al truco de magia. No es verde todo lo que se pinta como tal.
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